DICTADURA CASTRISTA RESPONDE CON EVASIVAS Y LUGARES COMUNES A LAS ACUSACIONES DE ESCLAVITUD MODERNA DE LA ONU
Dictadura castrista responde con evasivas y lugares comunes a las acusaciones de esclavitud moderna de la ONU. Con casi un mes de retraso, el régimen cubano respondió, de mala gana y con evasivas, a la carta remitida por el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, Tomoya Obokata, acusando a la dictadura castrista de practicar sistemáticamente la esclavitud moderna con la exportación de profesionales de la salud pública a otras naciones, y reteniendo alrededor del 90% de los honorarios estipulados para sus ciudadanos.
La ONG Prisioners Defenders (PD) pudo acceder a la carta emitida por los representantes de Cuba ante la ONU, que apenas atinó a declarar que “el actuar del Gobierno cubano es lícito” y que “la relación jurídica de trabajo, en tanto acto jurídico, se configura y consagra a partir del principio de voluntariedad de las Partes”, haciendo caso omiso de que el 75% de las 1,402 declaraciones juradas que presentara la propia PD a la organización internacional, estipularan que no integraron las “misiones médicas” de manera voluntaria.
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El régimen tampoco presentó ninguna prueba que contradijera estas declaraciones juradas y afirmó sin fundamento que cada uno de los profesionales enrolados en estos manejos “es libre de poner fin a ese Contrato Individual de Trabajo”.
PD subraya que la carta cubana establece que son tan libres de terminar sus contratos como de “regresar a Cuba o, en su caso, optar por otra situación migratoria”, por lo que admiten de manera tácita que sus opciones son regresar a Cuba y sufrir la sanción de 8 años de privación de libertad contemplada en el Artículo 176 del Código Penal Vigente, o emigrar. Además, PD aclara que “las disposiciones migratorias de la Ley 1312 de Migración y el Decreto 306 de 2012 impiden que cualquier trabajador cualificado deje el trabajo sin antes obtener el permiso arbitrario de las autoridades, que la propia legislación cifra en una espera de hasta 5 años sin obligatoriedad de respuesta por las autoridades”.
La única fundamentación para la criminalización del ejercicio de la voluntad propia —un simple problema administrativo se convierte en un delito— que expone el régimen en su demorada y casi cínica misiva a Tomoya Obokata, es “la necesidad de potenciar y atemperar las regulaciones migratorias del país al contexto actual ante el uso hostil, subversivo y desestabilizador de su política migratoria contra los intereses legítimos de nuestro pueblo, que alienta la emigración ilegal e insegura … y el robo de cerebros”.
