RÉGIMEN CUBANO PIDE 30 DÍAS PARA RESPONDER A LAS ACUSACIONES DE LA ONU DE REPRIMIR A LAS LIBERTADES RELIGIOSAS
Régimen cubano pide 30 días para responder a las acusaciones de la ONU de reprimir a las libertades religiosas. El 16 de noviembre del pasado año varios relatores de las Naciones Unidas (ONU) y un Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria remitieron una carta a la Misión Permanente de Cuba en la organización, acusando al régimen castrista de reprimir las libertades religiosas en el país.
Unos dos meses después, la entidad cubana solicitó este 15 de enero un plazo de 30 días para responder a estos argumentos así podrían “concluir las labores de coordinación entre las diferentes instituciones nacionales que participan en la elaboración de la respuesta y garantizar que la misma cuente con todos los elementos necesarios”.
Esta carta fue citada por la agencia EFE tras anunciar la petición de prórroga de los funcionarios oficialistas para negar (no es muy probable que lo acepten) las acusaciones de los relatores Nazila Ghanea, encargada de la libertad religiosa, Irene Khan, quien atiende la libertad de expresión, Nyaletsossi Clément Voule, dedicado a la libertad de reunión y Nicolas Levrat, sobre las minorías, quienes enfatizaron en que se aprecian nítidos patrones de hostigamiento, acoso y malos tratos, entre otras tantas violaciones, contra líderes religiosos e integrantes de grupos religiosos en Cuba por parte de las autoridades policiales o de la Seguridad del Estado.
La misiva se basa en un informe emitido por la ONG Prisioners Defenders (PD) en 2022, que contempla una encuesta realizada a 56 líderes religiosos y laicos cubanos de cuatro diferentes credos, residentes en 9 provincias del país. de los que un 93 % expresó haber sufrido algún tipo de represión, y el 23 % de ese porcentaje aseguró sufrir tales limitaciones con regularidad.
Estas respuestas y otras pesquisas demuestran que la Constitución aprobada en 2019 no ha contribuido en nada al respeto a las libertades religiosas en la isla pues “no otorga nuevos derechos de forma efectiva” e “introducen las limitaciones dando carta blanca a las leyes vigentes para coartarlos”. Por lo que se aprecia un palpable retroceso en este aspecto.
Recientemente, Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, también envió una carta a la Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, denunciando la persistencia de patrones de “trabajo forzoso” en las llamadas “misiones médicas” que el régimen castrista importa a naciones como Italia o Catar, cobrando altos montos por cada profesional, cuyo porcentaje mayoritario se embolsa el Estado.
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