JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA ADMITE PROCESO CONTRA NICOLÁS MADURO Y DIOSDADO CABELLO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Justicia federal Argentina admite proceso contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por delitos de lesa humanidad. El fallo de la Justicia federal de Argentina del pasado 5 de abril finalmente admitió proceso contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra sus ciudadanos.
La decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires, emitida por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ordena reabrir una investigación judicial para establecer las responsabilidades del régimen de Maduro en violaciones a los derechos humanos, consideradas crímenes de lesa humanidad.
Este fallo revoca la decisión previa de un juez de archivar las denuncias, argumentando que ya existía una investigación en curso por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los jueces argentinos sostienen que corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales argentinos para juzgar estos crímenes, debido a su extrema gravedad y la necesidad de proteger a la población civil en Venezuela.
La investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, en respuesta a denuncias de la Fundación Clooney y otras organizaciones, apunta a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, alegando que las autoridades judiciales venezolanas han sido negligentes en investigarlos.
Testimonios de víctimas y familiares de la represión venezolana residentes en Buenos Aires respaldan estas acusaciones.
La Justicia argentina ha desestimado el argumento de que la CPI ya estaba investigando crímenes similares en Venezuela y ha ordenado al juez Sebastián Ramos dar curso al proceso bajo los términos planteados por Stornelli.
Se destaca que Argentina, con su tradición en la aplicación del principio de jurisdicción universal, es una jurisdicción apropiada para llevar a cabo esta investigación.
La Fundación Clooney para la Justicia ha estado preparando el caso durante casi dos años, recopilando testimonios de víctimas y familiares en Venezuela para demostrar un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano y sus órganos de seguridad.
Además, la CPI ha recibido el testimonio de 8.900 víctimas y la contribución de dos docenas de organizaciones venezolanas de derechos humanos para documentar estos crímenes.
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