RÉGIMEN CASTRISTA LANZA AMENAZA SOBRE PENA DE MUERTE EN CASO DE POSIBLES PROTESTAS EN CUBA
Régimen castrista lanza amenaza sobre pena de muerte en caso de posibles protestas en Cuba. En un reciente programa oficialista en Cuba, Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, sugirió la aplicación de la pena de muerte como medida ante posibles protestas en el país.
Sus declaraciones se centraron en la idea de que las protestas tienen la intención de subvertir el orden y el estado de derecho en Cuba, considerándolas como actos de sedición.
Esto ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos, como Laritza Diversent de CUBALEX, quien señaló que esta interpretación de la ley es inconstitucional y viola los estándares internacionales de derechos humanos.
La sedición, definida en el artículo 121 del Código Penal cubano, puede acarrear penas severas que van desde 10 a 30 años de prisión, hasta la privación perpetua de libertad o la pena de muerte en circunstancias excepcionales, como situaciones de desastre, afectación a la seguridad del Estado, grave alteración del orden público o en zonas militares, y cuando se empleen armas o violencia.
Además, se hace mención de la “Lista Nacional de terroristas”, publicada por el régimen, que incluye a influencers y miembros del exilio cubano, lo que sugiere una ampliación de la definición de actividades sediciosas.
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El programa, dirigido por Humberto López, vocero del régimen, también abordó otros delitos como desacato, desobediencia, resistencia y atentado contra la actuación de las autoridades, todos ellos castigados con condenas políticas en Cuba.
Participaron en el espacio el coronel Hugo Morales Karell, segundo Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, y Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República.
Estas declaraciones y el enfoque del programa reflejan una postura firme del régimen cubano contra cualquier forma de disidencia o protesta, reforzando un clima de represión y control sobre la sociedad civil.
La posibilidad de aplicar la pena de muerte en casos de sedición plantea preocupaciones adicionales sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en Cuba.
La sociedad internacional y los defensores de los derechos humanos ven estas medidas como una violación de las normas básicas de derechos humanos y un retroceso en el camino hacia la democracia y la libertad de expresión en la isla.
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