UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE FLORIDA PONE EN PAUSA INMEDIATA LA CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS PROVENIENTES DE VARIOS PAÍSES COMO CUBA, CHINA Y VENEZUELA
Universidad Internacional de Florida pone en pausa inmediata la contratación de académicos provenientes de varios países como Cuba, China y Venezuela. La Universidad Internacional de Florida (FIU) ha tomado una decisión impactante en respuesta a la ley estatal SB-846, aprobada en abril de 2023, con el objetivo de prevenir la influencia de “naciones preocupantes” en las instituciones educativas estatales.
La medida, anunciada por el vicepresidente de Investigación de FIU, Andrés Gil, implica una pausa inmediata en la contratación de académicos provenientes de países como Cuba, China, Venezuela, Rusia, Siria, Irán y Corea del Norte.
La SB-846 prohíbe a las instituciones estatales solicitar obsequios de estos países y participar en acuerdos o asociaciones con entidades controladas por ellos.
La contratación de personal o investigadores de estas naciones solo es posible a través de exenciones, evaluadas caso por caso por la Junta de Gobernadores del Estado, mayoritariamente nombrada por el gobernador Ron DeSantis.
El vicepresidente de Investigación explicó en un correo electrónico dirigido a decanos y personal clave que la medida es temporal y busca controlar adecuadamente el proceso, según la nueva legislación.
Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre estudiantes y becarios de investigación de Venezuela y Cuba, quienes enfrentan la suspensión de los procesos de contratación.
En respuesta, el gremio de profesores de la Universidad de Florida (UF) en Gainesville ha expresado su rechazo, argumentando que la medida podría tener un impacto devastador en los programas de posgrado y actividades de investigación.
Más de 300 profesores de UF han firmado una petición en contra de la pausa, resaltando preocupaciones sobre posibles consecuencias adversas para el desarrollo y la reputación a largo plazo de la institución.
La controversia se centra en la restricción impuesta por la SB-846 y la necesidad de obtener exenciones para contratar personal de los países afectados.
La evaluación caso por caso a cargo de la Junta de Gobernadores del Estado ha generado inquietudes sobre la imparcialidad del proceso y su impacto en la diversidad y calidad académica de las instituciones.
