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DICTADURA CASTRISTA RECHAZA LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR MÁS DE 15 PAÍSES SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

DICTADURA CASTRISTA RECHAZA LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR MÁS DE 15 PAÍSES SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
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Dictadura castrista rechaza las recomendaciones emitidas por más de 15 países sobre temas de derechos humanos. La dictadura castrista ha rechazado 31 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitidas por más de 15 países durante el Examen Periódico Universal (EPU).

Estas recomendaciones incluyen acciones fundamentales como la liberación de presos políticos, la garantía de atención médica a opositores encarcelados y el cese de detenciones arbitrarias.

Este rechazo ha generado preocupación y críticas por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que ha destacado la importancia de estas propuestas para la protección de los derechos humanos en Cuba.

Aunque el régimen cubano ha aceptado 292 recomendaciones y ha tomado nota de otras 41, el rechazo de estas 31 plantea dudas sobre su compromiso genuino con los derechos humanos.

El OCDH ha subrayado que este rechazo constituye una clara enmienda a muchas otras recomendaciones con las que el régimen afirmó estar de acuerdo, lo que sugiere posibles incumplimientos futuros.

Varios países, incluyendo Nueva Zelandia, Alemania y Lituania, han instado a la dictadura castrista a tomar medidas concretas, como la liberación de presos políticos y de conciencia, garantizar procesos judiciales transparentes y poner fin al sistema unipartidista.

Sin embargo, el régimen ha mostrado resistencia a implementar estas medidas, lo que refleja su falta de voluntad para abordar las preocupaciones sobre derechos humanos planteadas por la comunidad internacional.

Aunque el régimen afirma aceptar recomendaciones relacionadas con la ratificación de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, persiste en su política de acoso y detenciones arbitrarias contra la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

Esto plantea interrogantes sobre la sinceridad de su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el país.


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Entre las recomendaciones rechazadas se encuentra la preocupante negativa a garantizar atención médica necesaria a opositores políticos encarcelados, a pesar de los casos documentados de empeoramiento de la salud de prisioneros y muertes relacionadas.

Además, el régimen ha rechazado propuestas para reformar o derogar disposiciones del Código Penal que limitan la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, así como para permitir el acceso de observadores independientes de derechos humanos a juicios y prisiones.

También ha desestimado recomendaciones para introducir modificaciones en la legislación que retiren la competencia de los tribunales militares para juzgar civiles, una propuesta de Montenegro.

Además, no ha considerado la sugerencia de Estados Unidos de poner fin al sistema unipartidista para permitir elecciones realmente libres y limpias.


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