FAMILIARES DE 3 PRESAS POLÍTICAS DEL 11 DE JULIO DENUNCIAN ACOSO CONTRA ELLAS POR PARTE DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Familiares de 3 presas políticas del 11 de julio denuncian acoso contra ellas por parte de la Seguridad del Estado. En el contexto de las masivas protestas populares que ocurrieron el 11 de julio de 2021 en Cuba, tres mujeres fueron condenadas y continúan enfrentando acosos en las prisiones cubanas por parte de la Seguridad del Estado, según denuncias de sus familiares al medio Martí Noticias.
Angélica Garrido, de 43 años, se encuentra en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba Cuatro en Caimito, provincia de Artemisa.
Desde septiembre, está bajo un régimen de menor rigor, pero enfrenta acosos de presas comunes vinculadas a la guarnición del penal debido a su posición política y su negativa a someterse a la rehabilitación ideológica.
Su esposo, Luis Rodríguez Pérez, ha destacado el trato preferencial hacia ella por parte de la Seguridad del Estado, aunque también sufre presiones psicológicas.
María Cristina Garrido, hermana de Angélica, fue sentenciada a siete años de prisión y permanece en la Prisión de Mujeres en La Lisa, La Habana, bajo un régimen de mayor rigor.
Recientemente, fue castigada con restricciones en las llamadas telefónicas después de denunciar las precarias condiciones en la prisión.
Las hermanas Garrido perdieron a sus padres en 2022, sin poder despedirse debido a las restricciones carcelarias.
Lizandra Góngora Espinosa, en la Cárcel de Mujeres Los Colonos, Isla de la Juventud, también enfrenta acosos por parte de una presa común vinculada a la policía política.
Como madre de cinco menores, sufre restricciones en las comunicaciones y visitas con sus hijos, además de carecer de acceso a alimentos proporcionados por su familia.
Su esposo, Ángel Delgado, ha denunciado la vigilancia de las llamadas por parte de una presa que informa a la policía sobre las actividades de Lizandra en las redes sociales.
Góngora Espinosa fue condenada a 14 años por sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, derivados de su participación en las protestas en Güira de Melena, provincia de Artemisa.
Fue juzgada por un Tribunal Militar de la Región de Occidente. Actualmente, lleva cerca de dos meses sin recibir visitas familiares.
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De acuerdo con un informe conjunto de varias organizaciones independientes, incluyendo Cubalex, Prisoners Defenders, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 116 mujeres cumplen condena en cárceles cubanas por motivos políticos.
El doctor Alain Espinosa, miembro de Cubalex, destaca que la privación de libertad en estos casos está marcada por discriminación política y graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas físicas y psicológicas, acoso sexual y ataques a la intimidad y la moral.
La situación de estas presas políticas en Cuba refleja un patrón de represión política y violaciones de derechos humanos, donde la Seguridad del Estado y presas comunes al servicio de la policía política contribuyen al acoso sistemático de quienes se oponen al régimen.
Las denuncias de las familias y las organizaciones independientes ponen de manifiesto la urgencia de abordar las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario cubano y abogar por la liberación de aquellos detenidos por motivos políticos.
