RESUMEN SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2024
Resumen semanal del 22 al 28 de enero de 2024. Esta semana estuvo protagonizada por las injusticias que a diario comete la Justicia del régimen cubano, completamente subordinado a los dictados del castrismo y no al buen ejercicio de leyes que la Seguridad del Estado y la policía son los primeros en incumplir y violar.
El médico cirujano William Pérez Ramírez, que fue condenado a prisión domiciliaria por un tribunal en Bayamo, Granma, por una presunta mala praxis que provocara la muerte de un paciente accidentado en 2021, declaró estar “muy decepcionado sí, indignado, tengo asco de quienes nos representan (o eso deberían)…. Quise confiar en algún momento de mi vida en que todavía existían personas con decoro, ese del cual habló José Martí… estoy seguro que existen, pero he descartado a quienes están detrás de todo este desastre”, según publicó en su perfil de Facebook.
Pese a los reclamos de los profesionales y el pueblo de Bayamo, los juristas oficiales, en complicidad con la Dirección Provincial de Salud de Granma y otras influencias menos claras, declararon culpables a Pérez Benítez y a sus colegas Yoandra Quesada Labrada, Rafael José Sánchez Vázquez, Henry Rosales Pompa y Ristian Solano.
Por otra parte, el Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el pasado 22 de enero la apelación hecha por la historiadora, filósofa, ensayista y editora cubana Alina Bárbara López Hernández a la reciente condena por “desobediencia” que la propia entidad le impuso, para mal disimular la represión a sus ideas políticas muy críticas con el régimen.
En la nueva sentencia el tribunal castrista validó con su decisión “los relevantes aportes que le tributó la declaración vertida en sede judicial por la denunciante Lizandra Bárzaga Sánchez (jefa de sector policial), así como la trascendencia probatoria que tuvieron las varias documentales que se aportaron y se sometieron a debate en el presente caso” y aseveró que no tenía “nada que corregir respecto a este tenor”.
López Hernández denunció que estos “argumentos son vergonzosos, torpes, y confirman la falta de ética y la subordinación absoluta del sistema de tribunales en Cuba al aparato de Seguridad del Estado”.
En el mismo ámbito, se conoció que el juicio al ex espía castrista colombo-estadounidense Víctor Manuel Rocha por cargos contra la seguridad de EE.UU tras 40 años de trabajar para el régimen de Fidel Castro, fue pospuesto para el próximo 25 de marzo por decisión de la jueza de distrito Beth Bloom, del tribunal de Miami encargado del caso.
La audiencia había sido programada inicialmente para el pasado 12 de enero, y ya el juez Edwin G. Torres la había postergado para el 29 de este mes por petición de Jacqueline M. Arango (perteneciente al bufete Akerman, de Miami), abogada de Rocha, que a los 73 años de edad enfrentará 15 cargos por 6 delitos imputados. De conjunto cuantifican una pena máxima de 60 años de cárcel.
Otros agentes castristas, o al menos simpatizantes confesos del régimen de La Habana, el reportero vasco José Manzaneda Palao, redactor jefe del portal Cubainformacion.tv y la Asociación Euskadi-Cuba, serán sentados en el banquillo de los acusados en febrero próximo para responder a la demanda que les impuso en 2021 Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisioners Defenders (PD) luego que Manzaneda lo calificara de “criminal de guerra” en un artículo publicado el 5 de octubre de 2020.
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Dicho texto fue difundido de manera “masiva, hasta en cuatro idiomas distintos”, según puntualiza Larrondo, y replicado por numerosos sitios web, y finalmente el juez de instrucción del caso en un tribunal madrileño emitió “un auto de enjuiciamiento considerando que sin dudas había delito de injurias”, que además queda “abierto con respecto a los delitos de calumnias y de incitación al odio”. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel y a multas de 50 000 euros.
Mientras el sistema legal cubano demuestra cada día su profunda corrupción ética al servicio de la dictadura, los familiares de 33 presos políticos cubanos le están ofreciendo una oportunidad para redimirse, con el proyecto de Ley de Amnistía que enviaron al Parlamento castrista, y que está ganando apoyo de organizaciones opositoras como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y la plataforma D’Frente.
Estas entidades emitieron un comunicado conjunto que valora la iniciativa como una estrategia “inteligente”, y que revela una maduración en la conciencia política de la sociedad civil de la isla. “De acuerdo a todas las señales que emiten las mayorías sociales, la sociedad cubana está lista para dar espacio y oportunidad a una salida política y jurídicamente creativa”, puntualiza el comunicado solidario.
El Consejo para la Transición y D´Frente llamaron además al resto de las organizaciones cubanas pro democracia y anti dictadura a que suscriban su apoyo a este proyecto que busca “liberar a quienes guardan prisión por el ejercicio de sus libertades” y dar un paso adelante en la emancipación de la isla con “responsabilidad” y “sin venganzas”.
