GOBIERNO MEXICANO SE NIEGA A OFRECER INFORMACIÓN TRANSPARENTE SOBRE CONTRATACIÓN DE MÉDICOS CUBANOS Y COMPRA DE VACUNAS CASTRISTAS
Gobierno mexicano se niega a ofrecer información transparente sobre contratación de médicos cubanos y compra de vacunas castristas. El mexicano Banco del Bienestar se declaró incompetente para ofrecer información solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre “diversos contenidos de información del programa ʽMéxico-Cuba: Combatiendo juntos el COVID-19ʼ, tales como los acuerdos firmados entre ambos países, las facturas del material comprado, los entregables, así como las pruebas gráficas de la entrega de materiales”, según denunció la periodista Norma Julieta del Río Venegas en el medio El Sol del Centro.
La profesional además subrayó que “la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 23 recursos de revisión para reservar información bajo argumento de seguridad nacional” ante las numerosas solicitudes que le ha hecho el INAI, cuyas resoluciones “por mandato constitucional”, son “definitivas e inatacables.” Pero aún así, los funcionarios de Andrés Manuel López Obrador son tozudos.
Venegas explica en su artículo que el pasado 19 de diciembre expuso “un proyecto” en el Pleno del INAI indagando toda la información pertinente, luego que la ONG Prisioners Defenders expusiera a la luz pública que “el gobierno mexicano otorgó 10 mil 700 dólares por tres meses a cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio en el país; no obstante, las autoridades cubanas solo les dieron 600 dólares para tres meses como cobro fijo. Es decir, el gobierno cubano se quedó con el 94,4% del monto que cobró por sus médicos”.
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La periodista apunta que estos datos “requieren respuestas claras de las instituciones que le den sustento y fiabilidad. Porque el uso de recursos públicos va de la mano de una rigurosa rendición de cuentas” y añade que “sobre las vacunas Covid también existe amplio interés ciudadano y, a pesar de que por mandato constitucional las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 23 recursos de revisión para reservar información bajo argumento de seguridad nacional”.
El Banco de Bienestar, a las órdenes de AMLO, “se declaró incompetente para conocer de lo requerido; sin embargo, en el INAI determinamos por unanimidad que dicha dependencia sí cuenta con atribuciones para conocer de lo solicitado. Recordemos que el INAI es un árbitro entre instituciones públicas y la sociedad; las personas tienen derecho a conocer información pública y, cuando las autoridades no la entregan como deberían, el Instituto resuelve a favor de la transparencia”, refiere Venegas.
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