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RESUMEN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2024

RESUMEN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2024
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Resumen semanal del 1 al 7 de enero de 2024. Organizaciones estatales, gubernamentales e internacionales continúan señalando a Cuba como una de las naciones en que durante 2023 más se reprimió, se coartó la libertad religiosa, su pueblo protestó y escapó, sus espías buscaron desestabilizar gobiernos democráticos y su gobierno dictatorial somete a sus profesionales a trabajos esclavos con la complicidad de otros países.

Según datos aportados por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) en su más reciente informe anual, a todo lo largo de Cuba ocurrieron 5749 protestas populares durante 2023, revelándose un significativo aumento estadístico de 1826 (32.07%) más respecto a 2022, año en el que se verificaron 3923.

En correspondencia, el número de acciones represivas por parte de las fuerzas de choque del régimen contra la ciudadanía alcanzaron la cifra de 3 830, según verificó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y plasmó en un minucioso reporte, que calificó de “fatal” a 2023 “para los derechos humanos en Cuba, con el estreno de un Código Penal más represivo (que entró en vigor a finales de 2022) y con un desolador panorama de exilio, cárcel, acoso e intimidación contra opositores, activistas y periodistas”.

La principal reacción del pueblo cubano ante la insoluble crisis que asola la nación, y ante la tozudez e incapacidad del régimen para hallar salidas realmente viables, es emigrar. El flujo migratorio desde la isla no cesa y según los datos publicados por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP, siglas en inglés), entre el 1ro. de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 (año fiscal) 200 087 cubanos atravesaron la frontera de esa nación norteamericana. Y entre los posteriores meses de octubre y noviembre se verificó la entrada 38 154, aunque estas cifras ya pertenecen al ciclo fiscal 2024.

Por desgracia, a los EE.UU no solo llegan cubanos con el objetivo de prosperar y disfrutar de la libertad de opinión, sino también agentes del régimen cubano que durante décadas han espiado y buscado manipular las decisiones y acciones de ese gobierno a favor de la dictadura castrista, muchas veces por fallos en los sistemas de contrainteligencia estadounidenses.


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Así lo advirtieron en una carta abierta al Secretario de Estado Antony Blinken los congresistas republicanos Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados, y Mark Green, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. 

“Las supuestas acciones de (Víctor Manuel) Rocha, de ser probadas, representarían una grave violación de la seguridad nacional y plantearían serias dudas sobre la eficacia de las medidas de contrainteligencia para impedir la infiltración del régimen cubano en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos”, asevera la misiva, y subraya que no “se puede subestimar la gravedad de esta situación”, pues el espía que será juzgado el venidero 12 de enero por actuar durante más de 40 años “en connivencia con la dictadura cubana en detrimento de nuestros intereses en todo el mundo”, ocupó cargos de altísimo nivel en el gobierno de EE.UU. 

McCaul, Díaz-Balart y Green declaran que la detención de Rocha y su “posible condena deben servir como recordatorio de que el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa para nuestros intereses en el país y en el extranjero” y abogan en la carta porque Blinken “tenga en cuenta esta traición histórica y ponga fin a los actuales esfuerzos por estrechar lazos con los tiranos de La Habana”, que se ha dedicado sistemáticamente a espiar al gobierno de los EE.UU y sabotear su sistema político. 

Entretanto, otra carta importante fue dirigida directamente a los funcionarios de la Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, firmada por el relator especial de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, Tomoya Obokata, expresando su alarma por la persistencia de patrones de “trabajo forzoso” en las llamadas “misiones médicas” que el régimen castrista importa a naciones como España, Catar e Italia, cobrando altos montos por cada profesional, cuyo porcentaje mayoritario se embolsa el Estado.

Obokata también critica el Código Penal vigente en la isla, que criminaliza el “abandono” de las “misiones” o el exilio de sus integrantes antes de terminar los plazos convenidos. Estos “delitos” ameritan para la dictadura sanciones de hasta 8 años de privación de libertad, o la “regulación” de los profesionales, que no pueden regresar a su país durante 8 años. 

La Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos negó estos argumentos, y toda evidencia de la aplicación de presiones o represalias a los médicos o enfermeras que rechazan ser reclutados para estas “misiones” explotadoras. 

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