CONGRESO DE EE.UU APRUEBA LEY QUE IMPONE SANCIONES A LAS MIPYMES VINCULADAS AL RÉGIMEN COMUNISTA DE CUBA
Congreso de EE.UU aprueba ley que impone sanciones a las MIPYMES vinculadas al régimen comunista de Cuba. La reciente aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la Ley de asignaciones del Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados para el año fiscal 2024 ha marcado un importante hito en la política exterior estadounidense, especialmente en relación con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En el caso de Cuba, la ley asigna 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia en la isla, lo que representa un aumento significativo del 25% con respecto a años anteriores.
Otros 25 millones se destinan a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que gestiona medios como Radio y TV Martí.
Además, la ley incluye disposiciones para negar visas a gobiernos y organizaciones internacionales involucradas en el tráfico de médicos cubanos, una práctica criticada por muchos como explotación laboral.
El congresista Mario Díaz-Balart, uno de los principales impulsores de estas sanciones, ha destacado la importancia de establecer restricciones sólidas para evitar el uso indebido de fondos destinados a la democracia en Cuba.
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Esto incluye evitar que la Administración Biden utilice estos fondos para fines no autorizados, como programas de emprendimiento que podrían beneficiar a empresas privadas cubanas con vínculos con el régimen.
Díaz-Balart también ha subrayado la importancia de mantener el Centro de Detenciones de la Bahía de Guantánamo, en el este de Cuba, como parte de los valores y principios estadounidenses.
Esto representa un desafío directo a los intentos de cierre de este centro por parte de la administración Biden.
Por otro lado, el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba ha instado a establecer una lista de MIPYMES “confiables” para evitar que las empresas no estatales sean utilizadas por el régimen cubano para eludir las sanciones estadounidenses.
Esto refleja la preocupación por parte de los actores comerciales sobre la transparencia y confiabilidad de los negocios en Cuba.
En cuanto a la política del régimen cubano hacia la iniciativa privada, ha habido intentos de presentar una imagen de apertura, pero según analistas como Rafaela Cruz, estos esfuerzos han sido vistos como intentos de crear una clase empresarial cercana al régimen, en lugar de promover una verdadera iniciativa privada.
Esto podría estar destinado a desviar la atención de los problemas económicos y sociales internos.
Además de las medidas relacionadas con Cuba, la ley también incluye acciones contra los regímenes de Nicaragua y Venezuela.
Para Nicaragua, se destinan 15 millones de dólares para promover la democracia y la libertad religiosa, mientras que para Venezuela se asignan no menos de 50 millones para derechos humanos y sociedad civil.
Además, la financiación de apoyo electoral para Venezuela está condicionada a la determinación del secretario de Estado sobre si Nicolás Maduro permite una competencia opositora libre en las elecciones.
